Qué dijo la dirección de PG&E Corporation en la llamada del Q2 2026

Resultados del segundo trimestre: crecimiento sostenido y plan sin cambios

PG&E reportó un beneficio por acción ajustado de 0,40 dólares en el segundo trimestre de 2026 y 0,83 dólares en el primer semestre, lo que supone un incremento de 0,19 dólares respecto al mismo período del año anterior. La dirección reafirmó su guía de BPA para el año completo de entre 1,64 y 1,66 dólares, lo que implica un crecimiento del 10% sobre 2025. El plan de capital de 73.000 millones de dólares hasta 2030 permanece sin modificaciones, y la compañía sostiene que no necesitará financiación adicional de capital durante ese período. En cuanto a la operación, la empresa destacó cuatro años consecutivos sin incendios graves vinculados a sus equipos y una mejora del 23% en la fiabilidad de la red en lo que va de año.

Lo que viene: datos, tarifas y reforma legislativa

La compañía espera que la carga de su red procedente de centros de datos supere los 12 gigavatios en su cartera de proyectos, con aproximadamente 1,8 gigavatios previstos en línea antes de 2030. La dirección subrayó que el precio de esa nueva carga debe ser reductor de tarifas para el resto de clientes, y calificó la orden de justificación de causas emitida por la FERC como un paso positivo. En el plano legislativo, todo el plan a cinco años está condicionado a que California apruebe una reforma duradera de la responsabilidad por incendios forestales en el marco de la SB 254 Fase 2. La consejera delegada Patty Poppe fue explícita: si el marco legislativo no se resuelve o resulta insuficiente, la compañía se verá obligada a reevaluar sus prioridades de asignación de capital, aunque se negó a detallar en esta llamada qué forma adoptaría ese plan alternativo. La agencia S&P ya elevó la calificación crediticia de la empresa un escalón, dejándola a un solo peldaño del grado de inversión.

Turno de preguntas: legislación, plan B y centros de datos

Los analistas centraron sus preguntas en dos grandes incertidumbres. La primera fue la reforma de responsabilidad por incendios. Poppe reiteró que la inacción legislativa tendría consecuencias concretas sobre el plan de inversión, pero se negó a especificar cuáles serían los recortes. Señaló que la seguridad, el cumplimiento normativo y la obligación de servicio son intocables en cualquier escenario. La segunda fue la calidad de la cartera de centros de datos. La dirección aclaró que la mayoría de los proyectos son de menos de un gigavatio, aunque comienzan a aparecer solicitudes de mayor envergadura atraídas por la capacidad de transmisión disponible en California. Respecto al expediente de recuperación de costes por los incendios Kincaid y Dixie —el primero en que una empresa eléctrica contaba con certificado de seguridad válido y la presunción de prudencia asociada—, la directora financiera Carolyn Burke confirmó que se esperan audiencias en agosto, alegatos en septiembre y una decisión propuesta en noviembre. Los analistas también preguntaron sobre la sostenibilidad de las reducciones de costes operativos del 2% al 4% anual; Burke respondió que la ratio de capital sobre gasto operativo todavía está en 1,0 frente a un nivel superior a 2,0 de sus pares, lo que indica margen de mejora significativo.