Qué dijo la dirección de PG&E Corporation en la llamada del Q4 2025

Cuarto trimestre 2025: crecimiento sostenido y tarifas a la baja

PG&E cerró 2025 con una ganancia por acción ajustada de 1,50 dólares, en el punto medio de su rango de orientación y un 10% por encima del año anterior. La compañía marcó así su cuarto año consecutivo de crecimiento de dos dígitos en este indicador. La dirección destacó que el equipo anticipó costos en el segundo semestre —reorientando el excedente de ahorro hacia los clientes en lugar de registrarlo como beneficio adicional—, lo que consideran la prueba de que su modelo opera como fue diseñado. La tarifa eléctrica residencial integrada acumula una reducción del 11% desde enero de 2024, lo que equivale a aproximadamente 20 dólares menos al mes para el cliente típico.

Para 2026, la compañía eleva el extremo inferior de su orientación en dos centavos, fijando el rango entre 1,64 y 1,66 dólares por acción, lo que implica un crecimiento del 10% en el punto medio. PG&E reafirma además un crecimiento anual de al menos el 9% entre 2027 y 2030. En materia de dividendo, lo duplicó a 0,20 dólares anuales para 2026 y anticipa incrementos adicionales en los dos años siguientes. El plan de financiamiento a cinco años, por su parte, no contempla nueva emisión de acciones ordinarias hasta 2030.

Lo que viene: datos, redes y reforma legislativa

La gran apuesta operativa es la captación de grandes consumidores industriales y de centros de datos. La compañía informó que 3,6 gigavatios de proyectos se encuentran en etapa de ingeniería final, más del doble que en el trimestre anterior. La dirección estima que aproximadamente 1,8 GW estarán en operación antes de 2030. Cada gigavatio de carga adicional, según PG&E, tiene el potencial de reducir la factura eléctrica media en al menos un 1%. Con ese horizonte, la compañía actualizó su modelo tarifario proyectando un incremento de facturas de entre 0% y 3% anual, frente al rango anterior. Llegar al extremo inferior —inflación cero en la factura— depende de que se materialice el crecimiento de demanda previsto.

En el frente regulatorio y legislativo, la reforma del régimen de responsabilidad por incendios forestales (SB 254, Fase 2) sigue siendo la variable que más peso tiene sobre la valoración. La Autoridad de Terremotos de California (CEA) debe entregar su informe de recomendaciones al gobernador y la legislatura el 1 de abril, aunque la dirección aclaró que ese hito marca el inicio, no el fin, del proceso legislativo. Poppe fue explícita: si el proceso se estanca o pierde impulso, «todo el plan estará sobre la mesa», incluidos el capital de inversión y el dividendo. En cuanto a la calificación crediticia, Fitch otorgó grado de inversión el otoño pasado; Moody's y S&P señalan que las métricas financieras ya cumplen el umbral, pero condicionan la mejora formal al avance legislativo.

Turno de preguntas: legislación, crédito y capital

Los analistas centraron sus preguntas en tres ejes. Primero, el calendario legislativo: varios preguntaron si era posible cerrar la reforma antes del receso de verano. Poppe no descartó un acuerdo anticipado, pero subrayó que la prioridad es «hacerlo bien» antes que hacerlo rápido. Segundo, el uso del excedente de capital: la directora financiera, Carolyn Burke, explicó que los 5.000 millones de dólares que quedan fuera del plan de inversión de 73.000 millones se destinarían preferentemente a mejorar la asequibilidad —acelerando proyectos vinculados a nueva demanda—, no a ampliar el tamaño del plan ni a recompras. Tercero, la recuperación de costos por los incendios Kincade y Dixie: Burke detalló que la compañía solicitó ante la CPUC la recuperación de más de 1.000 millones en reclamaciones pagadas por el Fondo contra Incendios, más unos 1.600 millones del llamado «agujero de cobertura» entre el seguro propio y el umbral de acceso al Fondo, y 314 millones adicionales en costos CEMA. La decisión propuesta se espera en noviembre.