Qué dijo la dirección de Acadia Healthcare Company, Inc. en la llamada del Q4 2025

Un trimestre de transición, con cifras dentro de lo previsto

Acadia Healthcare cerró el cuarto trimestre de 2025 con ingresos de 821,5 millones de dólares, un avance del 6,1% respecto al mismo período del año anterior. El EBITDA ajustado fue de 99,8 millones, afectado por un ajuste de 52,7 millones en las reservas de responsabilidad civil profesional y general, en línea con la advertencia que la compañía había emitido en diciembre. Para el conjunto del año, los ingresos alcanzaron 3.310 millones y el EBITDA ajustado 608,9 millones, ambos cerca del extremo superior del rango orientativo. El contexto dominante de la llamada fue el regreso de Debbie Osteen como consejera delegada, quien fijó como prioridades la estabilidad operativa, la disciplina de ejecución y la rentabilización de los más de 2.500 camas añadidas en los últimos tres años.

El crecimiento en instalaciones comparables fue del 4,4% en ingresos, impulsado por un alza del 3,1% en días-paciente y del 1,3% en ingresos por día-paciente. Las pérdidas por arranque de nuevas instalaciones sumaron 12,8 millones en el trimestre. El gasto de capital del año completo fue de 572 millones, aproximadamente 50 millones por debajo de la guía previa.

Lo que espera la compañía para 2026

La compañía espera ingresos de entre 3.370 y 3.450 millones para 2026, con un EBITDA ajustado de 575 a 610 millones y un BPA ajustado de entre 1,30 y 1,55 dólares. La guía contempla un crecimiento de volumen en instalaciones comparables de entre 0% y 1%, lastrado en unos 350 puntos básicos por la decisión del estado de Nueva York de dejar de financiar la atención de sus pacientes de Medicaid en instalaciones fuera del estado, lo que la compañía estima tendrá un impacto anual de 25 a 30 millones de dólares en EBITDA. Como respuesta, Acadia ha cerrado dos instalaciones arrendadas en Pensilvania y está trabajando para diversificar su mezcla de pagadores en esa región, con Nueva Jersey como nuevo mercado de captación.

La compañía espera que el gasto de capital caiga a un rango de 255 a 280 millones, lo que la situaría en terreno de flujo de caja libre positivo por primera vez en varios años. Las pérdidas por arranque de nuevas instalaciones se estiman entre 47 y 53 millones, con un 60% concentrado en el primer semestre. La dirección señaló que el potencial incremental de EBITDA de las instalaciones abiertas entre 2023 y 2026 supera los 200 millones de dólares, y la compañía espera realizarlo en un plazo inferior a cinco años. Para el primer trimestre de 2026, se esperan ingresos de 820 a 830 millones y EBITDA de 130 a 137 millones, cifra que incluye 11 millones en pagos suplementarios de períodos anteriores pero también un impacto negativo de 3,7 millones por condiciones meteorológicas severas.

Las preguntas que incomodaron a los analistas

El turno de preguntas reveló varias tensiones no resueltas. Los analistas preguntaron por el estado de la revisión de creación de valor con asesores externos que la compañía había anunciado el año pasado: Osteen confirmó que no está suspendida, pero fue imprecisa sobre sus alcances y plazos. Cuando se pidió más detalle sobre los cambios en la estructura organizativa y las barreras internas a resolver, la pregunta fue cortada antes de que hubiera respuesta. Sobre el calendario y el alcance de los acuerdos en los litigios regulatorios en curso, la dirección se limitó a decir que coopera plenamente y que no comentará sobre plazos. Los analistas también indagaron sobre el riesgo de que otros estados imiten la política de Nueva York de restringir la atención fuera del estado; Osteen consideró que Nueva York es un caso aislado, aunque reconoció que la compañía depende en exceso del Medicaid neoyorquino en sus instalaciones de Pensilvania. Respecto a California, la compañía anticipó un impacto de 4 millones de dólares en EBITDA por los nuevos requisitos de ratios de enfermería, cuya entrada en vigor fue pospuesta al 1 de junio, y señaló que está presionando al estado para que financie el coste adicional de la regulación.